La obligación y responsabilidad de la Administración competente es en primer lugar, aplicar la legislación vigente. Si no se cumple esta primera premisa, el sistema pierde legitimidad y se desmorona por completo.
En el caso que nos ocupa, el diario La Provincia, denuncia que en la isla de Fuerteventura, el Cabildo Insular, administración competente en materia de caza, ha permitido que caduquen decenas de expedientes sancionadores abiertos a infractores de la ley de caza y de la normativa de conservación del medio natural.
Parece ser que el órgano competente ha dejado caducar los expedientes sancionadores. Como vulgarmente se suele decir, los ha guardado en la gaveta del fondo, y ahí los ha dejado cogiendo polvo.
Creo que el Cabildo deberá pronunciarse y dar una explicación sobre este caso, ya que de nada sirve que los funcionarios responsables de la vigilancia del medio natural realicen su trabajo poniendo, en muchas ocasiones, en riesgo su integridad física, para que luego ese trabajo no sirva de nada. Y además, estos trabajadores públicos sirven a un pueblo que confía en ellos para que protejan el bien común natural, y que me imagino que no estrán muy conformes con malgastar sus impuestos y con perder parte de su patrimonio.
Lo dicho, esperamos explicaciones.
